Preocupa la prevalencia y agudización de la violencia feminicida en México: defensoras
Ciudad de México a 18 de octubre de 2022.
El día de hoy estamos en el Hemiciclo a Juárez para conmemorar los XV años de la fundación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Para nosotras, este lugar es emblemático pues fue aquí donde Marisela Escobedo continuó la exigencia de justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven víctima de desaparición y posterior feminicidio, en el estado de Chihuahua.
En memoria de ella, de las víctimas de feminicidio y de todas las defensoras de los derechos humanos que hoy no están con nosotras, queremos refrendar nuestro compromiso en la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
No obstante, a pesar de todo el trabajo y acciones que se han impulsado, la violencia feminicida se anida en todo el país y los feminicidios siguen siendo un pendiente para el Estado Mexicano. El incremento en el delito y la brutalidad de los casos nos refleja cómo la omisión de las autoridades derivó en el crecimiento del problema.
Mientras que en 2009 se registraron 1,858 defunciones femeninas con presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos violentos de mujeres al día, en el 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 3,750 mujeres, sólo 1,004 casos se investigaron como feminicidio, es decir, en doce años el número de feminicidios se duplicó y desde entonces, cada día en nuestro país se asesina a un promedio de 10 mujeres. Hoy vivimos una realidad muy grave. Como OCNF iniciamos nuestra labor con datos que nos alarmaron pero ahora esas cifras se duplican y las formas de violencia son incluso inimaginables.
Cabe recordar que el surgimiento del Observatorio fue una respuesta a la inacción del Estado y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organizaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el Gobierno Estatal y Federal debían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres.
Desde ese entonces, las defensoras tomamos conciencia de los impactos negativos de la violencia contra las mujeres y de las características específicas de esta violencia, lo que generó que desde la sociedad civil, realizaramos informes y acompañaramos casos para evidenciar a las autoridades, a la sociedad y a los medios de comunicación, todo lo que sucedía, particularmente en la zona fronteriza de México. Temíamos que lo que estábamos documentando en Chihuahua y Ciudad Juárez, también se replicara en otros estados del país, por lo que trabajamos para poder evitar una mayor descomposición del tejido social.
Nuestra fundación como articulación nacional fue una apuesta colectiva. Nos integramos por organizaciones y defensoras de derechos humanos, mujeres comprometidas con trabajo en territorio, que desde diversas disciplinas entregan sus conocimientos, su tiempo y esfuerzo a la lucha por los derechos de las mujeres, quienes consideramos fundamental caminar juntas y concentrar nuestros esfuerzos a la lucha contra la violencia más grave hacia las mujeres: la violencia feminicida, y contribuir en la exigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Junto con las familias comenzamos a recorrer el camino en búsqueda de la justicia, siguiendo los pasos de otras defensoras, que con su voz denunciaron el feminicidio y con su esperanza creativa lo visibilizaron. Así, las cruces rosas fueron instauradas como símbolo de la resistencia en la búsqueda de verdad y justicia; los zapatos rojos simbolizan la lucha por encontrar a las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.
En estos 15 años hemos visibilizado la misoginia y discriminación que se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres. México fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia.
A pesar de todo el esfuerzo y trabajo de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil, hoy las mujeres seguimos enfrentando una violencia estructural, que se ve reflejada en las formas, saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres y niñas; en la violencia sexual, la desaparición, los ataques con ácido, entre otras violencias.
Basta recordar casos recientes, que a pesar de ser ampliamente públicos y mediáticos, la justicia no es una respuesta rápida y eficaz.
Un ejemplo es el caso de la joven Ingrid cuyo asesinato y su brutalidad despertaron la indignación social, así como la exigencia de la “ley Ingrid” que prohíbe la revictimización a través de la difusión de imágenes de las mujeres asesinadas. A pesar de que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, el feminicida de Ingrid Escamilla fue encontrado culpable hasta el 12 de octubre de 2022.
Otro caso que causó repudio social fue el de la joven Debanhi Escobar en el estado de Nuevo León, la joven de 18 años desapareció el 9 de abril de 2022 y fue encontrada sin vida en una cisterna el 21 de abril de este mismo año. La hipótesis de un supuesto accidente ha develado las deficiencias y la carencia de cientificidad en las investigaciones. Ha pasado medio año y la justicia para Debanhi no ha llegado.
Si bien es necesario reconocer que han existido avances sustanciales en materia de los derechos de las mujeres, aún se requieren esfuerzos urgentes y estructurales, la creación de políticas públicas acordes a la dimensión y gravedad de la problemática, que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres en México.
Ante ello, como defensoras de los derechos de las mujeres y cómo organizaciones de la sociedad civil, en el marco de nuestro XV aniversario, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) seguimos alzando la voz para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales garanticen:
Que cada estado de la República cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para su efectiva implementación.
Que cada entidad federativa cuente con Fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del feminicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en los que estos ocurren.
Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de investigación identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la sanción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.
Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acceso a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para poner un alto a la violencia institucional. Asimismo, que la “Ley Ingrid” esté presente en todo el país, con el fin de sancionar a quienes atenten contra la dignidad de las víctimas a través de la difusión de imágenes claramente revictimizantes.
Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativas de feminicidio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas.
Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la problemática del feminicidio, a partir de la propuesta de la Ley General contra el Feminicidio, en el que se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como las estrategias de prevención, la reparación del daño y la atención a las niñas y niños en situación de orfandad por este delito.
Que se generen las políticas públicas y procedimientos necesarios para la adecuada implementación de las órdenes y/o medidas de protección para las mujeres y niñas en situación de violencia, las cuales requieren de una efectiva coordinación interinstitucional.
Como defensoras de los derechos humanos y como integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hemos luchado contra una cultura discriminatoria y hemos puesto nuestra vida para que niñas, mujeres y adolescentes puedan vivir sin miedo y en relaciones de igualdad.
Nos articulamos para visibilizar esta grave problemática y combatir su impunidad. Hoy seguimos con una firme convicción y compromiso para que las mujeres sigamos vivas, libres y sin miedo. Es por ello, que a más de 5,475 días de nuestra conformación, refrendamos nuestro compromiso para seguir realizando nuestra labor de manera comprometida, profesional y ética.
Refrendamos también la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia al interior de nuestra organización, así como el acompañamiento a todas aquellas familias cuya brújula y motor sea también el acceso a la justicia.
Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
--
Para mayor información:
Atziri Ávila
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Cel./Whatsapp: 9512536082
ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
TW: @OCNF
FB: OCNFeminicidioMéxico
Instagram: OCNFeminicidioMéxico